¿Qué dice el artículo 133 de la Constitución mexicana?
El artículo 133 de la Constitución mexicana es uno de los artículos más importantes para entender cómo funciona el sistema jurídico en México. En términos generales, este artículo establece que la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales que el país haya firmado son la ley suprema de la Nación.
Es decir, en caso de que exista algún conflicto entre las normas establecidas en la Constitución, las leyes federales o los tratados internacionales, siempre prevalecerá la norma más elevada. Esto significa que cualquier ley o norma que contradiga lo que se establece en la Constitución mexicana es considerada inconstitucional y, por lo tanto, no tiene validez jurídica.
Otro aspecto importante que se establece en el artículo 133 es que todas las autoridades del país, tanto a nivel federal como estatal o municipal, tienen la obligación de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Además, se establece que la justicia federal es la instancia encargada de resolver los conflictos que surjan entre las autoridades y la Constitución, así como los conflictos entre las diferentes autoridades a nivel regional o local.
Finalmente, es importante destacar que el artículo 133 de la Constitución mexicana también establece que los tratados internacionales que el país haya firmado tienen la misma jerarquía que las leyes federales. Esto significa que, en caso de que exista algún conflicto entre algún tratado internacional y una ley federal, se aplicará la norma que tenga mayor jerarquía.
¿Qué dice el artículo 133 constitucional?
El artículo 133 constitucional establece que la Constitución es la "ley suprema de toda la Unión", lo que significa que todo lo que se derive de ella es de obligado cumplimiento para todas las autoridades, funcionarios y habitantes del país.
En otras palabras, cualquier ley o norma que contradiga la Constitución es nula y no puede ser aplicada.
Además, este artículo establece que todas las autoridades, desde el presidente de la República hasta el último servidor público, están obligados a respetar y hacer respetar la Constitución.
Asimismo, las leyes federales y locales, así como los tratados internacionales aprobados por el Senado, deberán estar en concordancia con la Constitución.
Este artículo es de gran importancia porque garantiza la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma o poder, estableciendo así el estado de derecho en México.
¿Cuántas reformas tiene el artículo 133 de la Constitución mexicana?
El artículo 133 de la Constitución mexicana es una pieza clave del derecho constitucional de México, ya que establece que la Constitución y las leyes federales tienen primacía sobre cualquier otra normativa dentro del territorio nacional.
Desde su promulgación en 1917, el artículo 133 ha sufrido diversas modificaciones a través de reformas constitucionales. Sin embargo, cabe destacar que no ha sido objeto de una gran cantidad de enmiendas, en comparación con otros artículos de la Carta Magna.
En total, el artículo 133 ha sido reformado un total de tres veces, siendo la última en el año 2011. Esta última reforma se enfocó en reconocer la validez de los tratados internacionales como fuente de derecho y en establecer la obligación de que todas las autoridades aplicaran el derecho internacional en sus decisiones.
Por lo tanto, podemos concluir que el artículo 133 de la Constitución mexicana solo ha sufrido tres reformas a lo largo de la historia de México independiente, lo que habla del carácter central y duradero de sus disposiciones.
¿Qué nos dice el artículo 131 constitucional?
El artículo 131 constitucional es uno de los elementos fundamentales de la Constitución de México, ya que regula uno de los poderes más importantes del Estado: el poder Ejecutivo.
Este artículo establece que el Presidente de la República debe tener las siguientes características para poder ocupar el cargo:
- Ser ciudadano mexicano de nacimiento
- Tener 35 años cumplidos
- Haber residido en el país al menos durante los últimos cinco años previos a la elección
- No estar en servicio activo en ninguna fuerza armada ni tener mando en las mismas durante los seis meses previos al día de la elección
- No ser Ministro de algún culto religioso
Además, el artículo 131 establece que el Presidente de la República debe tomar protesta ante el Congreso de la Unión y que su mandato durará seis años.
También se establece la posibilidad de la reelección del Presidente, pero sólo después de haber transcurrido un periodo completo desde el fin de su mandato.
En resumen, el artículo 131 constitucional establece las características que debe tener el Presidente de la República, la duración de su mandato y las condiciones para su posible reelección. Es una pieza esencial de la Constitución de México y un elemento clave para el funcionamiento del Estado.
¿Qué dice el artículo 132 de la Constitución?
El artículo 132 de la Constitución Mexicana establece los requisitos que deben cumplir los gobernantes del país. En él se especifica que para ocupar los cargos de presidente, senador o diputado se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener ninguna otra nacionalidad.
Además, el artículo establece que para ser presidente se deben cumplir otros requisitos como tener una edad mínima de 35 años, haber residido en el país al menos durante los últimos cinco años y no tener antecedentes penales.
El artículo 132 de la Constitución también establece que los gobernantes deberán poner por encima de todo el interés público y que deberán rendir cuentas periódicas sobre su gestión y el uso de los recursos públicos.
Asimismo, el artículo establece que los gobernantes deberán respetar los derechos humanos y fomentar políticas públicas que los protejan y se debe garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los cargos públicos.
En resumen, el artículo 132 de la Constitución Mexicana establece los criterios de selección que deben cumplir los gobernantes para ocupar los distintos cargos públicos del país, así como las obligaciones que tienen para actuar siempre en beneficio del interés público y el respeto a los derechos humanos.
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